La situación judicial que rodea al entorno familiar del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitara la declaración indagatoria de Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del funcionario nacional. La medida fue impulsada en el marco de una causa que investiga posibles inconsistencias patrimoniales y presuntas omisiones en las declaraciones juradas presentadas durante su paso por distintos cargos en la administración pública.
La investigación se concentra en determinar si Francisco Adorni habría falseado información o dejado de declarar bienes y activos que, por ley, estaba obligado a informar. El expediente se encuentra en los tribunales federales y abarca el período comprendido entre 2023 y 2026, etapa en la que el dirigente se desempeñó en funciones vinculadas al Ministerio de Defensa y posteriormente al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
Según el planteo de la fiscalía, las sospechas se centran especialmente en las numerosas rectificaciones realizadas por Adorni sobre sus declaraciones juradas originales. De acuerdo con los informes incorporados a la causa, cada una de las presentaciones fue corregida en distintas oportunidades, incorporando nuevos bienes, cuentas bancarias, tarjetas de crédito y modificaciones en los valores de propiedades y otros activos declarados.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la incorporación posterior de una herencia valuada en 21 millones de pesos, además de la aparición de nuevas cuentas bancarias y variaciones en la valuación de inmuebles y otros bienes. Para la fiscalía, la reiteración de rectificaciones no puede ser interpretada como un simple error administrativo y constituye uno de los principales indicios que justifican el pedido de indagatoria.
Marijuan también destacó la experiencia profesional del legislador bonaerense en materia contable y administrativa. Antes de ingresar a la función pública nacional, Francisco Adorni desarrolló durante dos décadas tareas vinculadas al área contable del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, lo que, según la fiscalía, le otorgaba conocimientos suficientes sobre la confección y el alcance legal de las declaraciones patrimoniales.
El fiscal sostuvo que una persona con esa trayectoria difícilmente podría desconocer la importancia de consignar correctamente los bienes, ingresos y pasivos en los formularios oficiales. En ese sentido, consideró que existen elementos suficientes para sospechar que se habrían omitido datos relevantes y falseado información patrimonial durante el desempeño de sus funciones en el Ministerio de Defensa.
La causa fue impulsada a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien puso bajo análisis la evolución patrimonial del dirigente desde su incorporación a la estructura estatal durante la gestión de Javier Milei. La investigación sobre Francisco Adorni se desarrolla de manera independiente a las actuaciones que involucran al propio Manuel Adorni, aunque ambas forman parte del creciente escrutinio judicial sobre figuras cercanas al oficialismo.
La acusación se encuadra en el artículo 268 del Código Penal, que sanciona las omisiones o falsedades en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. La indagatoria constituye una instancia clave dentro del proceso, ya que permitirá al imputado conocer formalmente las acusaciones y ejercer su derecho de defensa ante la Justicia.
La situación agrega presión política sobre el Gobierno nacional en momentos en que la administración de Javier Milei enfrenta cuestionamientos y diversas investigaciones vinculadas a integrantes de su entorno. El caso también reaviva el debate sobre los mecanismos de control patrimonial y la transparencia en el ejercicio de la función pública.
Mientras la Justicia deberá determinar si existieron irregularidades y responsabilidades penales, el pedido formulado por Guillermo Marijuan representa un nuevo avance judicial que vuelve a colocar a la familia Adorni en el centro de la escena política y abre una etapa de mayor complejidad para uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.
