La Justicia federal avanzó en la investigación por presuntas irregularidades en la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y citó a declaración indagatoria al empresario Sergio Aguirre, socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Además, el juez Sebastián Casanello ordenó el embargo preventivo de bienes y cuentas vinculadas a la causa, que investiga un presunto desvío de más de $266 millones durante la administración de la obra social intervenida.
Según la resolución judicial, Aguirre deberá presentarse a declarar el próximo 13 de agosto. La investigación también alcanza a los exinterventores de OSPRERA, Virginia Montero y Marcelo Petroni, designados por el Gobierno nacional, quienes fueron citados a indagatoria para los días 10 y 11 de agosto, respectivamente.
La causa se centra en la contratación de la empresa HTECH Innovation, propiedad de Sergio Aguirre, para prestar servicios informáticos a la obra social durante el período de intervención. De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, la firma habría recibido pagos por aproximadamente $266,7 millones entre noviembre de 2024 y julio de 2025, recursos cuyo destino y legalidad son objeto de investigación.
En su resolución, el juez Casanello sostuvo que existen elementos suficientes para considerar que la empresa obtuvo importantes desembolsos provenientes de la obra social mediante una contratación bajo sospecha. El magistrado señaló que las cuentas bancarias de la firma habrían sido utilizadas para canalizar los pagos investigados y que corresponde profundizar la pesquisa para determinar si existieron delitos como administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
La investigación también analiza los vínculos entre Aguirre y Martín Menem. Ambos son socios en la empresa TR Nutrition, dedicada a la fabricación y comercialización de suplementos nutricionales. No obstante, hasta el momento Martín Menem no figura imputado en este expediente y la causa se concentra sobre las contrataciones realizadas entre OSPRERA y HTECH Innovation.
El fiscal Guillermo Marijuan sostiene que durante la intervención de la obra social pudo haberse desarrollado un esquema destinado a beneficiar a la empresa de Aguirre mediante contrataciones irregulares. En el expediente también aparecen mencionados contactos entre los interventores de OSPRERA y Eduardo «Lule» Menem, subsecretario de Gestión Institucional y colaborador de la Secretaría General de la Presidencia. Sin embargo, al momento, Lule Menem tampoco se encuentra imputado en la causa.
Como parte de las medidas cautelares, el juez ordenó el embargo de bienes y cuentas vinculadas a los principales investigados para resguardar un eventual recupero de fondos en caso de comprobarse la existencia de maniobras ilícitas. La Justicia también analiza documentación contable, movimientos bancarios y la ejecución del contrato celebrado entre la obra social y la empresa investigada.
Hasta el momento, la investigación permanece en etapa de instrucción y no existen condenas ni resoluciones definitivas sobre la responsabilidad penal de los involucrados. Las declaraciones indagatorias previstas para agosto constituirán uno de los próximos pasos clave del expediente, a partir de los cuales el juez deberá evaluar si corresponde dictar procesamientos, sobreseimientos o disponer nuevas medidas de prueba.
