La disputa entre los gobiernos de La Rioja y San Juan por la delimitación territorial en la zona donde se desarrolla el proyecto minero Josemaría sumó un nuevo capítulo. Desde la administración sanjuanina rechazaron el planteo realizado por el gobernador Ricardo Quintela y aseguraron que el reclamo carece de sustento jurídico, al tiempo que lo atribuyeron a una estrategia política para desviar la atención de la situación económica y financiera que atraviesa la provincia riojana.
El jefe de Asesores del Gobierno de San Juan, Rodolfo Colombo, cuestionó públicamente la posición adoptada por La Rioja y sostuvo que los límites interprovinciales ya fueron definidos por una ley nacional sancionada en 2014. En ese sentido, afirmó que ninguna provincia puede modificar de manera unilateral la delimitación territorial establecida por el Congreso de la Nación.
Según Colombo, el planteo riojano no tiene «asidero jurídico ni geopolítico» y responde más a una estrategia política que a un reclamo con fundamentos legales. El funcionario también señaló que la administración de Quintela nunca había impulsado una política minera de estas características y consideró que la discusión aparece ahora en un contexto de dificultades económicas y fiscales para la provincia.
Desde el Gobierno de San Juan sostienen que el debate no genera preocupación respecto de la continuidad de los proyectos mineros en ejecución, ya que entienden que el marco legal vigente brinda seguridad jurídica sobre los límites provinciales. En ese sentido, remarcaron que el desarrollo del proyecto Josemaría continúa respaldado por la normativa nacional vigente.
La controversia también tuvo repercusiones en el ámbito político sanjuanino. Oficialismo y oposición coincidieron en respaldar la posición del gobernador Marcelo Orrego y emitieron un pronunciamiento conjunto en defensa de los límites provinciales establecidos por la legislación nacional. Incluso legisladores del Partido Justicialista de San Juan acompañaron esa postura, marcando diferencias con el planteo impulsado por el gobierno riojano.
El conflicto surgió luego de que autoridades de La Rioja anunciaran la intención de revisar la delimitación en una zona cordillerana donde se ubican importantes yacimientos de cobre y oro. El Gobierno provincial sostiene que existen antecedentes históricos y técnicos que justificarían una revisión de los límites, mientras que San Juan considera que la cuestión quedó definitivamente resuelta mediante la ley nacional aprobada hace más de una década.
La discusión adquiere especial relevancia por el creciente interés que despiertan los proyectos vinculados a la minería del cobre y otros minerales estratégicos. Tanto Josemaría como otros emprendimientos de la región forman parte de las principales inversiones previstas para el sector minero argentino en los próximos años, en un contexto de mayor demanda internacional por minerales destinados a la transición energética.
Hasta el momento no existe ninguna resolución judicial ni administrativa que modifique la situación actual de los límites interprovinciales. Mientras La Rioja sostiene su reclamo, San Juan ratifica que la delimitación vigente posee respaldo legal y que cualquier eventual modificación solo podría concretarse mediante una nueva ley del Congreso de la Nación.
La controversia mantiene abierto un nuevo foco de tensión entre ambas provincias y suma un componente político a un debate que también involucra cuestiones jurídicas, territoriales y económicas vinculadas al desarrollo de uno de los principales proyectos mineros del país.
