La Legislatura aprobó un nuevo régimen de residencias y reafirmó los derechos territoriales de La Rioja

La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó por unanimidad el nuevo Sistema Provincial de Residencias de Salud, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca modernizar la formación de profesionales y ampliar los derechos laborales de quienes se desempeñan en el sistema sanitario. Durante la misma sesión, el cuerpo legislativo también dio luz verde a una ley que ratifica los derechos históricos de la provincia sobre los territorios actualmente en disputa con San Juan.

El nuevo régimen de residencias fue presentado como una herramienta destinada a fortalecer la formación de posgrado y adecuar el sistema a las necesidades actuales de la salud pública. La normativa incorpora por primera vez a enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales, ampliando un esquema que hasta ahora estaba orientado principalmente a los profesionales médicos.

La ley establece nuevas modalidades de formación, entre ellas residencias básicas, básicas articuladas y posbásicas, y designa al Ministerio de Salud provincial como autoridad de aplicación. Además, contempla la incorporación de herramientas como la telemedicina y prevé incentivos especiales para las áreas con escasez de profesionales.

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es la ampliación de los derechos laborales para los residentes. La norma crea una planta transitoria especial, garantiza aportes previsionales y cobertura de seguridad social, fija límites a las guardias y establece períodos obligatorios de descanso. También elimina la figura del «residente agregado», con el objetivo de asegurar igualdad de condiciones para todos los profesionales que ingresen al sistema.

Durante el debate parlamentario, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Carlos Santander, calificó al proyecto como «ambicioso y moderno» y destacó que la provincia asumirá el financiamiento total del sistema ante la reducción de aportes nacionales destinados a las residencias. Desde el oficialismo sostuvieron que la medida permitirá garantizar la continuidad de la formación profesional y fortalecer la atención sanitaria en todo el territorio provincial.

En la misma sesión, los diputados aprobaron una ley impulsada por el Ejecutivo que reafirma los derechos territoriales de La Rioja y ratifica el rechazo a los límites establecidos con San Juan mediante la Ley Nacional 18.004, sancionada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía en 1968.

La nueva norma declara la nulidad de aquella disposición por considerar que modificó los límites provinciales de manera unilateral y sin intervención del Congreso Nacional. Asimismo, faculta al gobernador Ricardo Quintela a impulsar acciones políticas, legislativas y judiciales para reclamar la delimitación definitiva de la zona en disputa.

La ley también instruye a la Fiscalía de Estado a promover las acciones correspondientes y solicitar medidas cautelares destinadas a preservar los recursos naturales, hídricos, mineros y arqueológicos existentes en el área cuestionada, con el propósito de evitar cualquier explotación unilateral mientras no exista una resolución definitiva.

Además, se prevé la creación de una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial en el ámbito de la Legislatura, integrada por diputados y especialistas en historia, geografía, cartografía y minería, con el objetivo de respaldar técnicamente el reclamo provincial.

La iniciativa fue aprobada con el acompañamiento del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, mientras que los legisladores de La Libertad Avanza optaron por abstenerse. Desde distintos sectores del oficialismo se sostuvo que la medida constituye una defensa de los derechos históricos de la provincia y una respuesta a una situación que consideran heredada de las decisiones adoptadas durante gobiernos de facto.

Con ambas iniciativas, la Legislatura riojana avanzó simultáneamente en dos frentes considerados estratégicos por el Gobierno provincial: el fortalecimiento del sistema de salud y la reafirmación de los reclamos territoriales que mantienen abierta una histórica controversia con la provincia de San Juan.

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