La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó un nuevo elemento que volvió a profundizar la crisis política que atraviesa el Gobierno. El fiscal federal Gerardo Pollicita analiza si una empleada de la Secretaría de Comunicación y Medios utilizó su nombre para facturar una compra destinada a la vivienda del funcionario, una operación que supera los ocho millones de pesos y que ahora forma parte del expediente judicial.
La sospecha surgió a partir del análisis del teléfono celular del contratista Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las remodelaciones realizadas en una propiedad perteneciente al jefe de Gabinete. Durante las pericias, los investigadores hallaron documentación relacionada con una compra de blanquería y artículos para el hogar por un monto de 8.183.303 pesos, realizada en la firma Rosen The Store.
La factura encontrada aparece a nombre de Gisela Kocsis, una trabajadora del área de Medios y Comunicación que se desempeña en la administración pública desde hace varios años. Según la documentación oficial incorporada a la causa, durante 2025 la funcionaria cumplía tareas como secretaria privada dentro de la estructura que entonces encabezaba Adorni como vocero presidencial.
A partir de este hallazgo, la fiscalía intenta establecer si la empleada efectivamente realizó la compra o si su identidad fue utilizada para ocultar el verdadero destinatario de los bienes adquiridos. Los investigadores buscan determinar además si existieron otras operaciones similares realizadas a través de personas del entorno del funcionario, una hipótesis que comenzó a cobrar fuerza a medida que avanzan las pericias.
La nueva línea de investigación se suma a una serie de gastos que la Justicia viene examinando en los últimos meses. Entre ellos figuran las obras realizadas en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, adquisiciones de mobiliario para un departamento en Caballito y otros desembolsos cuyo origen todavía se encuentra bajo análisis judicial.
El expediente también procura establecer si las erogaciones realizadas por Adorni y su esposa guardan relación con los ingresos declarados oficialmente. La controversia se agravó luego de que el propio jefe de Gabinete admitiera haber mantenido activos en criptomonedas fuera del sistema fiscal durante varios años y posteriormente regularizarlos mediante el régimen de «inocencia fiscal» promovido por el Gobierno nacional.
En el plano político, las nuevas revelaciones volvieron a generar inquietud entre los aliados parlamentarios de La Libertad Avanza. Sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y distintos espacios provinciales consideran que la continuidad del funcionario continúa afectando la agenda oficial y dificulta las negociaciones legislativas impulsadas por la Casa Rosada.
Pese al avance de las investigaciones y al creciente aislamiento político del jefe de Gabinete, Javier Milei mantiene una posición de respaldo hacia uno de sus colaboradores más cercanos. Desde el entorno presidencial sostienen que no existen motivos para apartarlo del cargo y que será la Justicia la encargada de determinar si existió alguna irregularidad en las operaciones cuestionadas.
Mientras tanto, el fiscal Pollicita continúa reuniendo documentación y solicitando informes para reconstruir los movimientos patrimoniales del funcionario y de las personas que integran su círculo más cercano. La causa ya trascendió el análisis de las declaraciones juradas y comenzó a abarcar distintos gastos realizados durante los últimos años, configurando uno de los expedientes más sensibles para la administración libertaria.
Con nuevas pruebas incorporándose al expediente y crecientes repercusiones políticas, la situación judicial de Manuel Adorni continúa complicándose. La investigación busca determinar si existió un esquema destinado a ocultar gastos y bienes mediante terceros, una hipótesis que, de confirmarse, podría tener consecuencias tanto penales como institucionales para uno de los funcionarios más importantes del gobierno de Javier Milei.
