La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario provocó un fuerte impacto político en la Casa Rosada y abrió un nuevo foco de tensión dentro del oficialismo. Según trascendió, distintos sectores del Gobierno responsabilizan al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por haber transmitido al presidente Javier Milei un escenario judicial que finalmente no se concretó.
De acuerdo con versiones surgidas desde el entorno oficial, Menem habría asegurado que existían condiciones para alcanzar un entendimiento con integrantes de la Corte Suprema que permitiría revertir la cautelar presentada por las universidades nacionales. Sin embargo, el máximo tribunal rechazó por unanimidad el recurso extraordinario del Estado y dejó vigente la resolución que obliga al Ejecutivo a actualizar salarios docentes, becas estudiantiles y partidas universitarias conforme a la ley aprobada por el Congreso.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes concluyeron que el recurso presentado por el Gobierno no podía ser tratado porque cuestionaba una medida cautelar y no una sentencia definitiva. De esta manera, la Corte evitó pronunciarse sobre el fondo del conflicto, pero mantuvo vigente la obligación de cumplir la norma mientras continúa el proceso judicial.
La resolución representa un nuevo revés para la estrategia impulsada por el Gobierno nacional para frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma había sido aprobada por el Congreso tras una amplia movilización de estudiantes, docentes y autoridades académicas, luego fue vetada por el presidente Javier Milei y, posteriormente, ratificada por ambas cámaras legislativas. A pesar de ello, el Ejecutivo había suspendido su aplicación mediante un decreto, decisión que derivó en la demanda judicial presentada por las universidades.
En el oficialismo consideran que el resultado judicial dejó expuesta una falla en la estrategia política y jurídica. Según distintas versiones, el fallo tomó por sorpresa a sectores del Gobierno que esperaban un desenlace favorable tras las gestiones atribuidas a Martín Menem. Esa situación generó cuestionamientos internos hacia el titular de la Cámara de Diputados, aunque públicamente no hubo declaraciones oficiales sobre el episodio.
Desde el sistema universitario celebraron la decisión de la Corte y afirmaron que constituye un respaldo institucional a la autonomía del Congreso y al cumplimiento de una ley vigente. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) destacó que la resolución representa un paso importante para comenzar a recomponer el financiamiento de las universidades públicas y recuperar parte del poder adquisitivo perdido por docentes y trabajadores del sector.
El conflicto por el financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno y las casas de altos estudios desde el inicio de la gestión de Milei. Las universidades sostienen que el ajuste presupuestario afectó el funcionamiento del sistema, mientras que el Ejecutivo argumenta que debe preservar el equilibrio fiscal y controlar el gasto público.
Con este fallo, el Gobierno enfrenta un nuevo desafío político y judicial. Además del impacto económico que implicaría cumplir con la ley, la derrota en la Corte reavivó las diferencias internas sobre la estrategia seguida en el conflicto universitario y volvió a colocar a Martín Menem en el centro de las discusiones dentro del oficialismo.
