La administración de Javier Milei dispuso una nueva ampliación del esquema de asistencia financiera destinado a las provincias y autorizó anticipos reintegrables de hasta 400.000 millones de pesos para Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe. La medida fue oficializada mediante el Decreto 474/2026 y tiene como objetivo brindar alivio transitorio a las jurisdicciones que enfrentan dificultades para atender compromisos presupuestarios y obligaciones vinculadas con el pago de deuda.
La decisión quedó bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y forma parte de la estrategia impulsada por la Casa Rosada para asistir a las provincias mediante adelantos sobre recursos coparticipables. Desde el Gobierno sostuvieron que las tres jurisdicciones atraviesan problemas financieros temporales que afectan su capacidad para afrontar gastos corrientes y vencimientos considerados prioritarios.
Según lo establecido en la normativa, cada una de las provincias podrá acceder a financiamiento por hasta 400.000 millones de pesos, aunque el monto definitivo será determinado por la Secretaría de Hacienda sobre la base de la capacidad de repago de cada distrito y de su participación en la recaudación nacional. La devolución de los fondos deberá concretarse antes de finalizar el ejercicio fiscal 2026 y estará sujeta a una tasa nominal anual fija del 15 por ciento.
El mecanismo contempla además la firma de convenios individuales entre la Nación y cada provincia, con el fin de establecer las condiciones específicas del reintegro. Como garantía, las jurisdicciones afectarán recursos provenientes de la coparticipación federal, permitiendo a la Secretaría de Hacienda efectuar retenciones automáticas en caso de incumplimiento.
La medida se suma a un esquema de asistencia implementado previamente por el Gobierno nacional. En abril de este año, el Poder Ejecutivo había autorizado un programa similar para otras doce provincias, entre ellas La Rioja, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Aquella iniciativa también contemplaba anticipos de hasta 400.000 millones de pesos con condiciones de devolución similares.
En el caso de Entre Ríos, la nueva decisión representa una ampliación de un anticipo financiero que había sido otorgado durante 2025. La provincia ya había agotado la totalidad de los fondos recibidos y ahora podrá acceder a una nueva asistencia dentro del mismo esquema. Asimismo, Jujuy y Santa Fe fueron incorporadas formalmente al programa con el propósito de equiparar las condiciones con otras jurisdicciones que ya habían solicitado apoyo financiero.
La decisión se produce en un contexto de creciente deterioro de las cuentas provinciales. Distintos estudios económicos advierten que durante 2025 las provincias argentinas volvieron a registrar déficit financiero, luego del superávit observado en 2024. El incremento del gasto, la desaceleración económica y la reducción de diversas transferencias nacionales incidieron en el empeoramiento de las finanzas subnacionales.
Desde el Ministerio de Economía remarcaron que la legislación vigente faculta al Gobierno a otorgar este tipo de anticipos siempre que los recursos sean reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal y existan mecanismos que aseguren la recuperación de los fondos. La administración de Javier Milei considera que este sistema permite brindar asistencia sin alterar la política de equilibrio fiscal que constituye uno de los ejes centrales de la gestión.
La medida también refleja la necesidad de mantener canales de cooperación con los gobiernos provinciales en un escenario económico complejo. A pesar de las tensiones políticas que caracterizaron la relación entre la Casa Rosada y varios gobernadores, el Ejecutivo nacional optó por reforzar los mecanismos de financiamiento transitorio para evitar desequilibrios mayores en las administraciones locales.
Con esta nueva ampliación, el Gobierno busca sostener la estabilidad financiera de las provincias sin abandonar el objetivo de déficit cero. El desafío para los próximos meses será compatibilizar las necesidades de las administraciones subnacionales con la estrategia de ajuste impulsada desde la Nación, en un contexto donde las restricciones presupuestarias continúan condicionando tanto a las provincias como al propio Estado nacional.
