El Gobierno nacional confirmó que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa contando con custodia oficial a pesar de haber dejado su cargo. La información fue ratificada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde explicó que la medida responde a razones de seguridad y fue otorgada tras un pedido presentado por el exfuncionario.
Ravier señaló que el esquema de protección se mantiene «por motivos de seguridad» y evitó brindar mayores detalles sobre su duración o las características del operativo, al considerar que se trata de información sensible. Fuentes oficiales indicaron que Adorni solicitó la custodia luego de denunciar amenazas y ataques dirigidos contra él y su familia, documentación que habría sido presentada ante la Justicia.
La continuidad de la custodia se conoció pocos días después de la salida de Adorni del Gobierno, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exfuncionario. Según trascendió, el Ministerio de Seguridad autorizó mantener el dispositivo de protección mientras se evalúa la situación derivada de las denuncias presentadas por el exjefe de Gabinete.
Durante la misma conferencia, el vocero presidencial también fue consultado sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo estuviera realizando una auditoría interna para revisar la gestión de Adorni. Ravier descartó esa posibilidad y sostuvo que toda la investigación se encuentra exclusivamente en manos de la Justicia.
«No hay un mecanismo aparte nuestro», respondió el funcionario al ser consultado sobre eventuales investigaciones administrativas dentro de la Casa Rosada. Agregó que el Gobierno no desarrolla un procedimiento paralelo debido a que el expediente judicial ya se encuentra en trámite ante los tribunales competentes.
La causa judicial contra Adorni continúa en etapa de instrucción y analiza la evolución de su patrimonio, sus consumos con tarjetas de crédito, operaciones financieras y otras adquisiciones realizadas durante su paso por la función pública. Hasta el momento no existe una resolución judicial sobre el fondo del expediente ni una imputación definitiva que determine responsabilidades penales.
La confirmación de que el exfuncionario mantiene custodia oficial generó repercusiones debido a que ya no integra el gabinete nacional. Desde el Gobierno sostienen que la decisión responde exclusivamente a criterios de seguridad vinculados a las amenazas denunciadas y no implica ningún privilegio derivado de su anterior cargo. La continuidad del operativo dependerá de la evaluación que realicen las autoridades competentes en función de la evolución del riesgo y de las actuaciones judiciales en curso.
