La jueza Patricia Reyes dictó hoy la absolución de Nadine Parry, responsable ambiental, y Yosef Vargas, jefe de planta de efluentes de Conarpesa, en la causa que investigaba el vertido al Golfo Nuevo de líquidos crudos procedentes del procesamiento de langostino. La decisión se conoció durante una audiencia en la que no estuvo presente Parry.
Fallo complejo y fundamentación judicial
Reyes calificó el caso como de especial complejidad, citando la multiplicidad de factores involucrados. Manifestó que no pudo determinar con certeza que el líquido contaminante proviniera efectivamente de la empresa, y observó que los mensajes de WhatsApp entre los acusados no resultaron suficientemente contundentes como para probar una conducta dolosa.
Acusación y pruebas presentadas
La Fiscalía había reclamado penas de prisión de cumplimiento efectivo: 3 años y 6 meses para Parry, y 3 años y 3 meses para Vargas. La imputación se basaba en abundante evidencia —actas, testimonios, inspecciones oculares, fotografías, pericias técnicas y análisis de laboratorio— que revelaban un sistema clandestino (by-pass) que vertía efluentes sin tratar al mar con niveles contaminantes entre miles de veces superiores a los permitidos (sólidos suspendidos 21 veces más, DBO 60 veces, amonio 25 veces, y E. coli hasta 2.700 veces por encima del límite). También se mencionaron chats entre los acusados como prueba de conocimiento y decisión conjunta.
Antecedentes judiciales y ambientales
Esta causa había llamado la atención por ser uno de los primeros juicios penales por daño ambiental en Chubut. La fiscalía sostenía que existía una maniobra deliberada para ocultar la contaminación, y que los responsables actuaron con pleno conocimiento del daño generado. El escándalo estalló tras difundirse un video donde se aprecia la descarga de un líquido rojizo al mar, lo cual impulsó la apertura de la investigación.
Perspectivas tras el veredicto
El fallo puede generar controversia e incertidumbre jurídica. Por un lado, la absolución podría fortalecer reclamos sobre la necesidad de que las pruebas sean inequívocas para condenar; por otro, organizaciones ambientales ven el fallo como un retroceso frente a la exigencia de mayor rigor en la protección de ecosistemas frágiles como el Golfo Nuevo.
El caso quedó en manos del sistema judicial para definir si habrá apelaciones por parte del Ministerio Público Fiscal, y si se abre un debate más amplio sobre la responsabilidad corporativa en casos ambientales.
