La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la escena política luego de que trascendiera que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó formalmente incorporarse al régimen simplificado contemplado en la denominada ley de “inocencia fiscal”. La decisión se conoció en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario y generó nuevas repercusiones dentro del ámbito político y judicial.
Según la información conocida, Angeletti presentó el pedido de adhesión el pasado 31 de mayo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), utilizando un mecanismo previsto por la Ley 27.799 que permite regularizar situaciones tributarias y exteriorizar ingresos o activos no declarados anteriormente sin afrontar sanciones penales tributarias ni antecedentes impositivos.
La revelación se produjo pocos días antes de la presentación de la declaración jurada patrimonial del propio Adorni, un documento que es seguido con especial atención debido a la causa que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py. La investigación se encuentra a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes analizan la evolución patrimonial del funcionario y diversos movimientos financieros del entorno familiar.
El régimen al que se acogió Angeletti está diseñado para simplificar la presentación del Impuesto a las Ganancias y permitir la regularización de ingresos y bienes previamente no exteriorizados. No obstante, especialistas señalan que la adhesión al mecanismo no implica automáticamente la existencia de irregularidades ni constituye por sí misma una admisión de ocultamiento patrimonial.
Desde el entorno del jefe de Gabinete buscaron despejar las sospechas y sostuvieron que tanto Adorni como su esposa recurrieron al sistema con fines administrativos y no con el objetivo de blanquear activos. Funcionarios cercanos al Gobierno aseguraron que se trata de una herramienta de simplificación impositiva y remarcaron que la utilización del régimen no afecta ni interfiere con las investigaciones judiciales en curso.
Sin embargo, la situación provocó cuestionamientos por parte de sectores opositores, que consideran que la decisión genera nuevas dudas sobre la situación patrimonial del matrimonio. Algunos dirigentes sostienen que resulta contradictorio que integrantes del Gobierno recurran a mecanismos de regularización tributaria mientras mantienen un discurso centrado en la transparencia y la lucha contra los privilegios.
La atención también se concentra en los antecedentes fiscales de Angeletti. De acuerdo con la información difundida, la esposa del jefe de Gabinete desarrollaba actividades profesionales desde hace varios años, pero recién formalizó su inscripción en IVA y Ganancias durante 2025. Esa circunstancia forma parte de los elementos que son observados por los investigadores y alimenta las especulaciones en torno al crecimiento patrimonial del grupo familiar.
El caso adquiere una dimensión política adicional debido al rol que ocupa Adorni dentro de la administración de Javier Milei. Como uno de los principales voceros del Gobierno y actual jefe de Gabinete, el funcionario se convirtió en una de las figuras más visibles del oficialismo y en uno de los encargados de defender las políticas de transparencia y austeridad impulsadas por la Casa Rosada.
Desde el Gobierno nacional se preparan para respaldar públicamente al funcionario y sostienen que la presentación de la declaración jurada permitirá aclarar las dudas planteadas en las últimas semanas. La estrategia oficial apunta a enfatizar que la cuestión tributaria y la investigación judicial son ámbitos diferentes y que será la Justicia la encargada de determinar si existen o no inconsistencias patrimoniales.
En paralelo, los detalles vinculados a los montos eventualmente regularizados por Angeletti permanecen protegidos por el secreto fiscal, por lo que no existe información pública sobre los bienes o ingresos alcanzados por el régimen. Esa falta de datos concretos contribuye a mantener abierto el debate político y alimenta las críticas provenientes de distintos sectores de la oposición.
Mientras la causa judicial continúa avanzando, la situación patrimonial del entorno del jefe de Gabinete se convirtió en uno de los temas más sensibles para el oficialismo. La evolución de las investigaciones y la publicación de las declaraciones juradas serán determinantes para establecer si las explicaciones ofrecidas por el Gobierno logran disipar las sospechas o si, por el contrario, el caso continuará generando consecuencias políticas para la administración de Javier Milei.
