La Casa Rosada intensificó las negociaciones políticas con gobernadores y bloques legislativos para avanzar con uno de los principales objetivos institucionales de Javier Milei: la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Aunque en las últimas semanas el oficialismo logró sumar apoyos de distintas provincias, todavía no cuenta con los votos necesarios para garantizar la aprobación definitiva de la reforma política en el Congreso.

La iniciativa forma parte de un paquete de modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional con el argumento de reducir costos electorales y simplificar el calendario de votación. Desde la administración libertaria sostienen que las primarias dejaron de cumplir la función para la que fueron creadas y que la definición de candidaturas debe quedar en manos de los partidos políticos, sin necesidad de movilizar a toda la ciudadanía en una instancia previa.

En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, encabezan las conversaciones con los mandatarios provinciales. El objetivo es construir una mayoría política que permita avanzar con la reforma antes de que la actividad parlamentaria ingrese en una etapa de menor intensidad debido al calendario político y otros acontecimientos internacionales.

Entre los gobernadores que expresaron públicamente su respaldo a la eliminación de las PASO aparecen Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Marcelo Orrego, de San Juan; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. Todos coincidieron en señalar que el actual sistema implica elevados costos para el Estado y que los partidos políticos deberían ser los encargados de resolver internamente la selección de candidatos.

Otros mandatarios, en cambio, acompañan la iniciativa con ciertos matices. El mendocino Alfredo Cornejo, por ejemplo, estaría dispuesto a respaldar la eliminación de las primarias a nivel nacional, aunque manteniendo el sistema dentro de su provincia. Esta posición refleja las diferencias existentes entre las necesidades electorales de cada distrito y las prioridades impulsadas por la Casa Rosada.

Asimismo, gobernadores como Rolando Figueroa, de Neuquén, y Raúl Jalil, de Catamarca, también mantuvieron conversaciones con funcionarios nacionales y manifestaron su predisposición a acompañar la reforma. Sin embargo, otros dirigentes provinciales continúan defendiendo la vigencia de las PASO o proponen alternativas intermedias, como una suspensión temporal en lugar de una eliminación definitiva.

La situación evidencia que el oficialismo todavía enfrenta importantes desafíos para reunir los apoyos necesarios. Incluso algunos sectores aliados mantienen diferencias sobre la conveniencia de modificar el sistema electoral, lo que obliga al Gobierno a profundizar las negociaciones y explorar fórmulas de consenso que permitan destrabar la discusión parlamentaria.

En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, desarrollan sus propias gestiones dentro del Congreso. Ambos dirigentes trabajan para consolidar acuerdos con bancadas aliadas y evitar que las divisiones internas dificulten el avance de uno de los proyectos considerados prioritarios por el Ejecutivo.

Desde el Gobierno argumentan que la eliminación de las PASO permitiría ahorrar cientos de millones de dólares y reducir la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a las urnas. Además, sostienen que la medida contribuiría a simplificar el proceso electoral y a fortalecer la autonomía de los partidos políticos en la definición de sus candidatos.

Sin embargo, los críticos de la iniciativa advierten que las primarias constituyen una herramienta de democratización interna y de participación ciudadana que permitió, durante los últimos años, resolver disputas dentro de los espacios políticos y ofrecer mayor transparencia en los procesos de selección de candidaturas. Algunos sectores consideran que eliminar esta instancia podría fortalecer las decisiones de las cúpulas partidarias y reducir la competencia interna.

Con el panorama todavía abierto y sin una fecha definida para el tratamiento legislativo, la Casa Rosada continuará buscando apoyos durante las próximas semanas. La reforma política aparece como una de las apuestas más importantes del oficialismo para este año y su aprobación dependerá de la capacidad del Gobierno para construir consensos en un Congreso donde ninguna fuerza cuenta con mayoría propia.

La discusión sobre las PASO vuelve a poner en el centro del debate el funcionamiento del sistema político argentino y la relación entre representación, participación y organización partidaria. Mientras el oficialismo busca avanzar con cambios estructurales, la oposición y algunos aliados reclaman mayor debate y advierten sobre las implicancias institucionales que tendría una modificación de estas características.

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